LA PLATA.- A mediados del año en curso, la exigüidad de las arcas bonaerenses puso al gobernador Daniel Scioli frente al dilema forzoso de elegir dónde y cómo ensayar un recorte para evitar la parálisis de la administración provincial.
El área educativa, con un presupuesto de $ 45.000 millones -que explica el 32,35% del gasto global de la provincia-, resultó elegida para iniciar un achique que, indefectiblemente, luego se extendería a otros sectores.
Aquella definición dejó ver un cambio conceptual en la gestión de la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye): la salida de la pedagoga Silvina Gvirtz y su reemplazo por la abogada con perfil económico Nora De Lucía -que venía de ser funcionaria de ARBA- pusieron a la educación por detrás de la urgencia del ahorro.
Gvirtz, una especialista sin perfil político, había formulado reparos a la orden de usar la tijera sobre los ingresos de los docentes. Esa falta de disciplina selló su destino.
Al asumir, a mediados de agosto pasado, De Lucía -hija de un sindicalista y sin antecedentes en docencia- desembarcó con un repertorio que, básicamente, se limitó a proponer una "reorganización" contable administrativa que, para los agentes del área, no era otra cosa que un ajuste.
De Lucía justificó las medidas en un inquietante descontrol administrativo que, según dijo, llegaba al punto de permitir que un preso y un muerto cobraran horas extras en la Dgcye. Aquella revelación, en su boca, derivó en la apertura de una causa penal hoy en plena investigación.
Las medidas de De Lucía provocaron una reacción con escasos precedentes: la sede de la cartera educativa estuvo tomada por empleados administrativos durante 10 días. En sus tres meses de gestión, se potenció la conflictividad por la combinación de los reclamos por el ajuste y otras reivindicaciones salariales con una interna política que divide a los gremios del sector según su alineamiento político.
No es menos cierto que, como replican los funcionarios locales, Buenos Aires es la provincia que más invierte en educación. Algo lógico si se tiene en cuenta que el distrito es el mayor sistema educativo de América latina: atiende 17.000 establecimientos a donde asisten 4,7 millones de chicos de todos los niveles.
Las necesidades financieras también tuvieron otros efectos: congelaron buena parte de las obras de infraestructura en las escuelas y demoraron hasta un límite insostenible el pago a los proveedores del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y del transporte de alumnos de zonas rurales. A ello se sumó lo imprevisto de las inundaciones, que afectaron el desarrollo de clases en buena parte del interior y el conurbano.
En medio de las urgencias financieras, las pujas políticas y los imponderables quedan los chicos, a la espera de soluciones.
Por Pablo Morosi
www.lanacion.com.ar 16/11/12