Se estima que en la Argentina unos 67.000 chicos tienen a uno de sus padres detenidos; estigma, falta de contención, limitados recursos económicos son algunas de las consecuencias para ellos
Cada domingo, Estela cargaba a sus cuatro hijos, el más grande de 10 años, el más pequeño de 1, y emprendía el largo e incómodo viaje hacia ese lugar al que no quería nombrar. Después del largo trayecto, venía lo más arduo: revisaciones, filas durante horas y la ansiedad del reencuentro. El regreso a casa no era más leve. Allí comenzaban las preguntas. "¿Cuándo va a salir papá de su trabajo?". El más grande sospechaba, pero sus hermanos no llegaban a comprender que el lugar al que iban a ver a su padre era una cárcel.
"Fue un calvario. No sabía cómo tratar el tema con ellos. Económicamente se hacía muy difícil. Y tampoco tenía idea de cómo trabajar ese vínculo entre el padre y los nenes", contó Estela a LA NACION.
Según estima un informe realizado por el Church World Service(CWS) y la Asociación Gurises Unidos, llamado "Invisibles: ¿Hasta cuándo?", en la Argentina hay alrededor de 67.000 menores que tienen a al menos uno de sus padres preso. La cifra es un cálculo "conservador" realizado sobre la base de estudios que permiten acceder en forma indirecta a la información.
A partir del pedido de CWS, de un grupo de organizaciones de mujeres que trabajan con mujeres madres encarceladas (Colectivo Artesanas de Guatemala) y de familiares de personas privadas de libertad de Argentina (ACIFAD), y otras organizaciones defensoras de los derechos del niño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicará hoy por primera vez una audiencia temática en Washington a la situación de hijos de personas privadas de libertad en las Américas.
"Nuestra intención es llamar la atención sobre la realidad de cientos de miles de chicos en la región que viven en familias con un padre o madre preso y cómo 'el encarcelamiento en el hogar' pone a prueba y vulnera derechos de esos niños", explicó Martín Coria, Coordinador Regional de CWS para America Latina y el Caribe.
El informe de la CWS señala que los niños y niñas de personas presas son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. "No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad", sostiene el texto y detalla que sus derechos de crianza se ven afectados "tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de la Justicia".
Falta de ayuda
Uno de los principales conflictos, señala el informe, es que las instituciones que trabajan en materia de infancia generalmente no tienen en cuenta a esta población específica de menores para trabajar sobre políticas particulares adaptadas a su realidad.
"No hay capacitación para los adultos que están en contacto con estos chicos. Por ejemplo los educadores, los que atienden los comedores, la gente de los centros de salud", señaló Estela. Sobre esta falta de formación, la mujer relató un episodio que le tocó vivir a uno de sus hijos. "Un día me dijo que no quería ir más a la escuela. Fui a ver qué pasaba y me enteré de que su maestra había reunido a otros padres para decirles que sus hijos no se junten con él porque venía de una familia de delincuentes", contó.
Estela presentó una denuncia por discriminación, pero le llevó mucho tiempo trabajar sobre la autoestima de su hijo.
Sobre este aspecto, el informe destaca que "los hijos de personas presas tienen los mismos derechos que otros niños y no deben ser tratados como si estuvieran en conflicto con la ley, como resultado de las acciones de sus padres o madres".
Un tema tabú
Por otra parte, el estudio indica que falta información sobre cómo ayudar a los chicos a mantener una relación sana con su padre en prisión. "Muchas familias no asumen delante de la sociedad la condición de cercanía con un preso, a fin de evitar el efecto estigmatizante que tal situación supone, o por las dificultades de tratar el problema con niños/as pequeños", señala.
En el caso de Andrea Casamento, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos, durante mucho tiempo evitó hablar directamente del tema con su hijo pequeño. "Yo lo llevaba a visitar a su padre. No le mentía, pero tampoco le explicaba que ese lugar era una cárcel", contó la mujer. "Mi hijo llegó a los 7 años sin saber escribir. La psicóloga me explicó que podía ser que hubiera algo que no estaba dicho. El día en que hablé con él sobre la cárcel, empezó a escribir", relató Andrea.
A Estela le pasó algo similar. El más pequeño de sus hijos tuvo un brote de psicosis infantil. "Yo lo atribuyo al dolor que la causó entender que su padre estaba preso y luego ver a su hermano mayor quedar detenido", explicó Estela.
Según el informe de la CSW la ausencia de referentes familiares y la pérdida de vínculos afectivos pueden estimular en los chicos con padres presos el surgimiento de diversos síntomas psicoafectivos, como cambios en el comportamiento, surgimiento de reacciones agresivas y desadaptación escolar por el rechazo de compañeros y de la comunidad. Todo esto se produce por una "combinación única de trauma, vergüenza y estigma".
Un salario menos
Cuando un jefe o jefa de familia es detenido, eso significa una posibilidad de ingreso económico menos en el hogar. Por eso, "el encarcelamiento del adulto puede dificultar el acceso a los bienes y servicios básicos para la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación" para los niños, señala el informe.
"La realidad de nuestros países marca que una importante proporción de los presos proviene de los sectores más pobres de la población. De allí que la pérdida del adulto aportante represente una mayor probabilidad de sumar a este condicionamiento estructural de pobreza nuevas vulnerabilidades" para los chicos. Esto, sostiene el informe, implica "un plus de castigo" para los menores.
"Una persona detenida es una persona a la que hay que mantener. No sólo no puede aportar a la familia, también hay que gastar en los viajes para visitarla y en comida para que puedan alimentarse mejor. Eso hace que a veces nuestros hijos sean privados de algunas cosas", explicó Andrea.
Recomponer el vínculo
Según indica la CWS, la no inclusión de estos menores en la agenda pública y la falta de atención específica a sus conflictos pueden generar impactos negativos, ya que la pérdida de contacto familiar de los presos puede ser negativa en términos de promover un proceso de rehabilitación. "La ausencia de estímulos familiares positivos y espacios acogedores para las visitas alimenta la desestructuración de vínculos y la pérdida de un posible horizonte de integración social", sostiene el informe.
También señala que el Estado no garantiza el pleno ejercicio de la patria potestad al no asegurar los medios para que esta se ejerza, ya que es común que haya "teléfonos públicos rotos, visitas suspendidas por malos comportamientos de los presos, falta de apoyo económico o material" para que los chicos visiten a sus padres en la cárcel.
"No se trata sólo de lo que pasa durante el tiempo que el padre está preso. La parte más difícil es cuando salen. Nadie te capacita para ayudar a recomponer ese vínculo entre los hijos y el padre o madre que estuvo tanto tiempo lejos. No hay acompañamiento de profesionales que hagan posible una integración de la persona que fue liberada", sostuvo Andrea.
Alternativas para mejorar la situación de los chicos con padres presos
La disminución en el uso de la prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para primarios, delitos menores o en el marco del sistema progresivo de ejecución de pena son dos aspectos que podrían contribuir a solucionar el problema de sobrepoblación en las prisiones. En la perspectiva de los hijos/as de presos/as, este tipo de medidas contribuiría a promover y garantizar su derecho a mantener contacto con su referente adulto, minimizando los impactos negativos de la separación prolongada, o la incertidumbre respecto a la situación de su referente.
Por otra parte, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) plantean concretamente la necesidad de prestar atención al interés superior del niño. No sólo se contempla la situación de los niños/as que viven en reclusión con sus madres, sino también la de aquellos que quedan en el medio libre.
Las Reglas de Bangkok establecen especialmente que hay que identificar cuántos son, en qué situación están y en qué régimen de tutela o custodia. Asimismo, prevén que "antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés superior de los niños".
Además se promueve facilitar por todos los medios posibles el contacto de las presas con sus hijos/as y familiares.
Otro ejemplo es el programa Madres no Cárcere en San Pablo, que cuenta con veinte técnicos que hacen el seguimiento de las causas judiciales de las mujeres encarceladas con hijos, brindando asesoramiento jurídico y realizando un diagnóstico, orientación y seguimiento respecto a la situación de sus hijos/as.
Sol Amaya
www.lanacion.com.ar 22/10/15
